No se me ocurre defender a las calificadoras de riesgo y su sistema de trabajo, además de que comparto muchas de las críticas que se les realizan, pero al final del día hay que ser pragmáticos y la realidad es que lo que estas empresas digan sobre un país le afecta de manera directa a quienes viven en el mismo, gústenos o no. Por algo todos quieren entrar al "club".
Sin embargo, hay que tener muy claro que lo importante no es el simple hecho de estar en ese grupo tan exclusivo de sólo cinco países de latinoamérica (Chile, México, Brasil, Perú y Panamá). Lo medular es que producto de esa nueva calificación los intereses que pagamos por nuestra deuda externa deben bajar significativamente, lo que se puede traducir en ahorros importantes para nuestros presupuestos, pero además, esa calificación es de los primeros y más importantes parámetros que revisan los inversionistas internacionales antes de tomar decisiones sobre qué país será el destino de sus dineros. Esto último podría ser una fuente importantísima de empleos, si se juegan las cartas correctamente.
A pesar de haberse completado una fase importante con la calificación otorgada por Fitch Ratings, Panamá no puede dormirse en sus laureles, pues falta mucho camino por andar si queremos ver en la práctica los efectos potenciales de ser un país con grado de inversión.
El paso siguiente en este momento es que las otras dos importantes calificadoras, a saber, Standard & Poor´s y Moody´s, también revisen hacia arriba su calificación. De lograrse lo anterior, lo que sigue es acometer la difícil tarea de mantener el nuevo "rating", lo cual muchas veces ha probado ser más duro que conseguirlo.
Lo más sensato para repetir cualquier resultado positivo y para mantener sus efectos es analizar cómo se le consiguió por primera vez, es decir, determinar exactamente cuáles fueron los pasos esenciales, sin los cuales no se hubiese obtenido la conclusión deseada.
Cuando realizo ese análisis concluyo que nuestro grado de inversión fue un logro nacional, en el cual participaron varias administraciones gubernamentales y para lo que, muchas veces sin ser conscientes, todo el pueblo panameño tuvo que hacer grandes sacrificios. Jamás se hubiese obtenido el grado de inversión sin las privatizaciones o sin las reformas fiscales, por poner sólo algunos ejemplos.
No voy a entrar en la discusión estéril sobre qué gobierno hizo más para llegar a esta meta, pero sí debo ser enfático al señalar dos cosas. Por un lado, que fue el gobiernos del Presidente Torrijos el que logró la disciplina fiscal del Estado panameño y por el otro, que aunque sólo llevan 9 meses ejerciendo la conducción del Estado, el actual gobierno fue pieza fundamental en la consecución del grado. Todas las perspectivas y planes que por meses y a veces años, pueda tener una calificadora puden cambiar repentinamente por un evento de un solo día. En otras palabras, si Fitch Ratings no tuviese confianza en el gobierno de Martinelli y en la conducción económica y financiera de Alberto Vallarino, jamás hubiese variado su calificación hacia arriba.
Han sido muchas, pero dos condiciones específicas son las que sobresalen como las responsables de que Panamá haya obtenido este grado:
- Disciplina Fiscal. Entendida como un balance correcto entre lo que Estado recauda, lo que gasta y lo que debe.
- Seguridad Jurídica. Lo que en este caso implica la certeza que pueden tener los inversionistas de que las reglas del juego que se aplican inicialmente para atraerlos (contratos y leyes principalmente) no variarán de forma abrupta o sin fundamento, una vez ellos hayan realizado su inversión.
En este sentido hay algunas acciones recientes del gobierno que me preocupan, ya que pudiese interpretarse que tienen el potencial de afectar negativamente ambas condiciones arriba señaladas. La primera es la menos conocida y poco comentada, es decir, la decisión de acuñar 130 millones de balboas en monedas, con la novedad de que una parte importante de las mismas serán de 1, 2 y 5 balboas. La segunda es la tan publicitada "compra de los corredores" con dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario.
Con respecto a la acuñación de monedas el riesgo es básico y se resume en el muy temido fenómeno de la inflación. Si el gobierno actual o los futuros toman la costumbre de acuñar moneda, lo primero que se cuestionará es si esa moneda tiene respaldo real, una pregunta difícil de contestar con argumentos a nuestro favor. El comportamiento de gastos e inversiones muy altos que ha mostrado hasta ahora el gobierno Martinelli hace aumentar las preocupaciones en este sentido, pues pudiese darse el caso de que se pretendan financiar obras con esta nueva modalidad, lo que sería altamente perjudicial para nuestro país.
En lo referente a las compras de acciones de los corredores ya se han dado manifestaciones de preocupación, inclusive por parte de Fitch Ratings, quienes perciben un aire de nacionalización en la acción. El gobierno panameño deberá realizar las explicaciones del caso, pero la comunidad internacional podría mantener dos preocupaciones subyacentes. La primera, que en Panamá no se estén respetando los contratos que se firman con empresas extranjeras y la segunda, que la posición saludable en la que se encuentran las finanzas de la Caja de Seguro Social se vea afectada por invertir parte de sus reservas en una empresa que podría no ser tan lucrativa como se plantea para sustentar la movida financiera.
Ambas preocupaciones tienen fundamento. La manera secreta y acelerada como se dieron las "negociaciones" entre el gobierno y las empresas de los corredores deja abierta la posibilidad de que hayan existido presiones que las mismas no pudieron resistir. Dejo claro que entiendo que no estamos hablando de monjas de la caridad y que estoy de acuerdo con que esos contratos tenían que ser revisados si en efecto resultaban perjudiciales para Panamá. De hecho, tengo información de personas muy serias involucradas en este tema y a quienes doy entero crédito, según las cuales bajo los esquemas originales los corredores nunca serían entregados a Panamá. Sin embargo, las formas cuentan y por lo tanto en estas materias tan delicadas además de ser transparentes y correctos hay que parecerlo.
En cuanto al uso del dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario, más allá de la falta de cumplimiento de las formalidades legales para utilizar esos fondos y de la ausencia de consultas a los verdaderos dueños de los mismos, lo que preocupa es el manejo que en la práctica se vaya a dar a la nueva empresa mixta. Y es que la inversión sólo será positiva para la Caja y para el Fondo si la empresa da dividendos y eso aun está por verse. Todo suena muy bien en papel, pero en la realidad cotidiana las cosas pueden cambiar si a alguien se le ocurre ceder ante la presión popular de que los corredores deben ser gratis o por lo menos que deben ser rebajados sustancialmente o que hay que ampliarlos sin que ello tenga incidencia en su costo, entre otras miles de posibilidades que afectarían negativamente la rentabilidad de la empresa.
Es evidente que en materia económica vamos por buen camino, ahora lo importantes es mantenernos e identificar todo aquéllo que tenga el potencial de desviarnos.
QUE ESTÉN BIEN!!
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