Ante todo gracias a quienes me hicieron el honor de abrir esta página para leer mis entradas. Ya fuese para comentar a favor o en contra de las ideas aquí plasmadas, la participación de ustedes y sólo eso, daba sentido a este ejercicio.
Hoy, por razones ajenas a mi voluntad, debo suprimir mi expresión y mantenerme en silencio. La vida me ha enseñado que las luchas no sólo se ganan con ímpetu y voluntad, a veces deben prevalecer la inteligencia, la prudencia, el sacrificio y la templanza en pro del éxito final.
No seguiré escribiendo, pero les prometo que continuaré pensando.
QUE ESTÉN BIEN!!
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domingo 11 de julio de 2010
lunes 14 de junio de 2010
SI CALLAMOS SEREMOS CÓMPLICES
La ley 30, conocida como golazo, camarón, chorizo o langosta, tendrá graves consecuencias para nuestro país. Pero no sólo por las aberraciones de fondo que su contenido implica, sino por el desprecio hacia la inteligencia del pueblo panameño que demuestra todo el accionar del gobierno nacional en torno a su aprobación y posterior sanción por parte del Presidente de la República.
Se esfumó el último vestigio de esperanza de que el gobierno tomase en cuenta las quejas por su falta de atención a la institucionalidad y su carencia de respeto a las normas fundamentales de convivencia democrática. Está claro que estas falencias son intencionales y que por lo tanto estarán presentes en las actuaciones futuras del gobierno. Ellos consideran que hacerlo así es lo correcto. Cualquier ley o principio que se oponga a sus designios será ignorada, violentada o cambiada sin consulta ni consideración alguna, es decir, el método es totalitario.
Independientemente de que la ley 30 no lo diga así de manera expresa, el efecto práctico de sus diversas normas es que se ha eliminado el derecho a huelga, se han suprimido los sindicatos, así como tirado a la basura importantes normas que protegen nuestro débil medio ambiente y se han desaparecido los controles que hacían que nuestros policías actuasen de manera diferente a los delincuentes, entre otras cosas. No obstante, nada de esto es más peligroso que el hecho de que esta ley demuestra que el gobierno nos considera a todos unos imbéciles y que por lo tanto pueden hacer lo que les venga en gana, sin que ello tenga consecuencias.
Pruebas de esto hay muchas. Todo empezó cuando el Ministro Mulino fue a la Asamblea Nacional y presentó una ley que trataba 9 materias, todas ellas altamente sensitivas, pero cuyo título original sólo hacía referencia a una de esas materias. Peor aun fue que el citado Ministro no hiciese ni una mínima alusión a las otros ocho temas cuando hizo su explicación verbal al pleno legislativo. Asumo que este funcionario pensó que todos (diputados, periodistas y sociedad en general) seríamos lo suficientemente estúpidos como para no leer el texto del proyecto. Luego los diputados se burlaron de los afectados por las modificaciones que propuso el Ejecutivo, al ponerlos a hablar sin ser escuchados para posteriormente cerrarles la puerta en la cara y no dejarlos entrar. De allí pasaron a la ofensiva los Ministros y el Presidente, tratando de hacernos creer que esta es una "ley buena" y que realmente nos están haciendo un enorme favor, aunque nosotros, ignorantes mortales, no lo podamos entender.
La cereza en el sunday la puso el propio Presidente de la República, cuando invitó a los ambientalistas a una reunión para conocer sus opiniones sobre la ley y procedió a sancionarla horas antes de que la reunión ocurriese.
Tantos desprecios y burlas han producido una serie de alianzas peligrosas, que además eran impensables hace un mes. Ahora, ese movimiento "popular" llamado Frenadeso que tenía imagen de violento e intransigente ha pasado a ser víctima y además a tener como compañeros de lucha a personas con un alto nivel de credibilidad, como lo son muchos de los líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno, lejos de debilitar a los sindicatos o, como ellos dicen, a la izquierda, la está fortaleciendo. Pareciera que no se han dado cuenta de que los señores del Suntracss son realmente políticos y no sindicalistas.
Gracias a las acciones del gobierno, hoy, estos políticos disfrazados de sindicalistas están que brincan en un pie, celebrando las oportunidades que les está abriendo tan fácilmente quien paradójicamente ha jurado destruirlos.
Lo terrible es que los efectos de las condiciones políticas y sociales que se están creando no los va a sufrir sólo el gobierno, sino todo el país. Ya antes e inclusive en nuestra historia reciente, hemos tenido un Panamá polarizado y en conflicto permanente y todos sabemos eso cómo terminó. Alguien quiere repetirlo?, confío en que sólo sea ese grupo de políticos cuyo método les indica provocar inestabilidad para luego "pescar en río revuelto".
Espero que la última marcha en contra de la ley 30 haya llamado la atención del gobierno y que entiendan que no nos pueden engañar a todos, todo el tiempo, es decir, NO SOMOS IMBÉCILES. El pueblo va registrando lo que ocurre, aunque no pase la factura de manera inmediata. Todas las cuentas se acumulan hasta que llega la gota que derrama el vaso y entonces tratan de capitalizar del descontento popular los enemigos de la democracia.
Como ciudadanos tenemos la obligación de comunicar al gobierno, de manera pacífica y respetuosa que no somos autómatas, que sí pensamos y que no estamos de acuerdo con sus actuaciones. De eso depende que ellos sientan la presión de hacer las cosas de forma diferente, en beneficio de las grandes mayorías.
A quienes amamos la democracia nos corresponde hacernos sentir para evitar que políticas de gobierno equivocadas abran la puerta a los que sueñan con el poder absoluto para ensayar modelos ya fracasados en todo el mundo.
QUE ESTÉN BIEN!!
Se esfumó el último vestigio de esperanza de que el gobierno tomase en cuenta las quejas por su falta de atención a la institucionalidad y su carencia de respeto a las normas fundamentales de convivencia democrática. Está claro que estas falencias son intencionales y que por lo tanto estarán presentes en las actuaciones futuras del gobierno. Ellos consideran que hacerlo así es lo correcto. Cualquier ley o principio que se oponga a sus designios será ignorada, violentada o cambiada sin consulta ni consideración alguna, es decir, el método es totalitario.
Independientemente de que la ley 30 no lo diga así de manera expresa, el efecto práctico de sus diversas normas es que se ha eliminado el derecho a huelga, se han suprimido los sindicatos, así como tirado a la basura importantes normas que protegen nuestro débil medio ambiente y se han desaparecido los controles que hacían que nuestros policías actuasen de manera diferente a los delincuentes, entre otras cosas. No obstante, nada de esto es más peligroso que el hecho de que esta ley demuestra que el gobierno nos considera a todos unos imbéciles y que por lo tanto pueden hacer lo que les venga en gana, sin que ello tenga consecuencias.
Pruebas de esto hay muchas. Todo empezó cuando el Ministro Mulino fue a la Asamblea Nacional y presentó una ley que trataba 9 materias, todas ellas altamente sensitivas, pero cuyo título original sólo hacía referencia a una de esas materias. Peor aun fue que el citado Ministro no hiciese ni una mínima alusión a las otros ocho temas cuando hizo su explicación verbal al pleno legislativo. Asumo que este funcionario pensó que todos (diputados, periodistas y sociedad en general) seríamos lo suficientemente estúpidos como para no leer el texto del proyecto. Luego los diputados se burlaron de los afectados por las modificaciones que propuso el Ejecutivo, al ponerlos a hablar sin ser escuchados para posteriormente cerrarles la puerta en la cara y no dejarlos entrar. De allí pasaron a la ofensiva los Ministros y el Presidente, tratando de hacernos creer que esta es una "ley buena" y que realmente nos están haciendo un enorme favor, aunque nosotros, ignorantes mortales, no lo podamos entender.
La cereza en el sunday la puso el propio Presidente de la República, cuando invitó a los ambientalistas a una reunión para conocer sus opiniones sobre la ley y procedió a sancionarla horas antes de que la reunión ocurriese.
Tantos desprecios y burlas han producido una serie de alianzas peligrosas, que además eran impensables hace un mes. Ahora, ese movimiento "popular" llamado Frenadeso que tenía imagen de violento e intransigente ha pasado a ser víctima y además a tener como compañeros de lucha a personas con un alto nivel de credibilidad, como lo son muchos de los líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno, lejos de debilitar a los sindicatos o, como ellos dicen, a la izquierda, la está fortaleciendo. Pareciera que no se han dado cuenta de que los señores del Suntracss son realmente políticos y no sindicalistas.
Gracias a las acciones del gobierno, hoy, estos políticos disfrazados de sindicalistas están que brincan en un pie, celebrando las oportunidades que les está abriendo tan fácilmente quien paradójicamente ha jurado destruirlos.
Lo terrible es que los efectos de las condiciones políticas y sociales que se están creando no los va a sufrir sólo el gobierno, sino todo el país. Ya antes e inclusive en nuestra historia reciente, hemos tenido un Panamá polarizado y en conflicto permanente y todos sabemos eso cómo terminó. Alguien quiere repetirlo?, confío en que sólo sea ese grupo de políticos cuyo método les indica provocar inestabilidad para luego "pescar en río revuelto".
Espero que la última marcha en contra de la ley 30 haya llamado la atención del gobierno y que entiendan que no nos pueden engañar a todos, todo el tiempo, es decir, NO SOMOS IMBÉCILES. El pueblo va registrando lo que ocurre, aunque no pase la factura de manera inmediata. Todas las cuentas se acumulan hasta que llega la gota que derrama el vaso y entonces tratan de capitalizar del descontento popular los enemigos de la democracia.
Como ciudadanos tenemos la obligación de comunicar al gobierno, de manera pacífica y respetuosa que no somos autómatas, que sí pensamos y que no estamos de acuerdo con sus actuaciones. De eso depende que ellos sientan la presión de hacer las cosas de forma diferente, en beneficio de las grandes mayorías.
A quienes amamos la democracia nos corresponde hacernos sentir para evitar que políticas de gobierno equivocadas abran la puerta a los que sueñan con el poder absoluto para ensayar modelos ya fracasados en todo el mundo.
QUE ESTÉN BIEN!!
lunes 7 de junio de 2010
LA OLA ANTI POLÍTICOS TIENE CONSECUENCIAS
Es lamentable que algunos de los que han ejercido la política en nuestro país hayan hecho tan mal trabajo que hoy se considera un pecado original ser político. El electorado reacciona positivamente ante quien dice no ser político e inclusive considera que ello es una virtud.
La paciencia llegó al límite y ahora se confunde a todos los políticos con los malos políticos. Esto es injusto, pero sobre todo perjudicial, pues se excluye del ejercicio gubernamental al "buen político" (aunque no lo crean, sí existen!), una persona con la capacidad de ejercer la política como la ciencia social que es, de manera transparente, honesta y equilibrada, manteniendo un balance correcto entre lo social, lo político y lo económico.
Esta realidad, que no es exclusiva de Panamá, produce gobiernos ejercidos por personas muy hábiles para producir riquezas, pero que no dan la importancia suficiente a la correcta distribución de las mismas ni tienen como prioridad la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
Por eso es que no debe sorprender a nadie que hoy en día ya sean temas normales de discusión aspectos que antes se consideraban intocables, como el derecho a huelga o el descanso dominical. Aunque la discusión sobre el domingo ya fue "resuelta", analizar estos dos temas como ejemplo muestra la gran importancia de tener gobiernos en los que sí participen políticos, siempre que sean personas honestas. Además, el ejemplo no deja de tener vigencia, pues ya antes este gobierno ha dicho una cosa hoy y hecho lo contrario mañana.
Quien estudia estos tópicos desde la óptica empresarial tendrá que concluir que ambos deben ser reformados en la legislación panameña. El derecho a huelga porque debilita la acción de la empresa y la hace dependiente de lo que quiera la masa trabajadora y el descanso dominical porque establece un alto costo para quien tenga un negocio cuya naturaleza haga necesario trabajar en domingo. Ambos argumentos son ciertos y contundentes si se usa únicamente el lente del empresario.
Sin embargo la política, siendo el arte de gobernar, requiere que quienes llevan las riendas del Estado mantengan a la población en un nivel aceptable de tranquilidad y bienestar, el cual no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de dinero que se produce. Es por ello que el buen político no sólo mide el impacto económico de una medida, sino también, entre otras cosas, su efecto en el tejido social, en la calidad de vida de los gobernados.
Cuando hacemos ese ejercicio, limitar el derecho a huelga y eliminar el descanso dominical ya no parecen tan buenas ideas.
Muchas huelgas son injustas y hasta dañinas, pero, en general, el mecanismo trae algo de balance sano entre las partes y evita que los conflictos obrero-patronales escalen a escenarios incontrolables. En cuanto al domingo pienso que la cosa es aun más clara. No creo en argumentos religiosos como base para ninguna decisión gubernamental, lo objetivo en este caso es que no es posible tener vida familiar cuando papá o mamá están libres un día de semana, mientras los niños van a la escuela y el otro cónyuge al trabajo.
Como electores tenemos que entender, que si elegimos a personas que por formación, experiencia y convicción tienen como único norte la producción de ganancias, no podemos sorprendernos cuando ellos actúan de manera consecuente, aunque ello signifique afectar derechos adquiridos o aspectos esenciales de la democracia como el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la legalidad o a la libertad de expresión.
El sector empresarial tiene muchísimo que aportar al momento de decidir cómo y hacia dónde se debe conducir un país, pero su punto de vista debe tener los adecuados contrapesos y balances, de forma que logremos un desarrollo integral y sostenible. La participación del buen político es lo único que garantiza el adecuado equilibrio.
QUE ESTÉN BIEN!!
La paciencia llegó al límite y ahora se confunde a todos los políticos con los malos políticos. Esto es injusto, pero sobre todo perjudicial, pues se excluye del ejercicio gubernamental al "buen político" (aunque no lo crean, sí existen!), una persona con la capacidad de ejercer la política como la ciencia social que es, de manera transparente, honesta y equilibrada, manteniendo un balance correcto entre lo social, lo político y lo económico.
Esta realidad, que no es exclusiva de Panamá, produce gobiernos ejercidos por personas muy hábiles para producir riquezas, pero que no dan la importancia suficiente a la correcta distribución de las mismas ni tienen como prioridad la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
Por eso es que no debe sorprender a nadie que hoy en día ya sean temas normales de discusión aspectos que antes se consideraban intocables, como el derecho a huelga o el descanso dominical. Aunque la discusión sobre el domingo ya fue "resuelta", analizar estos dos temas como ejemplo muestra la gran importancia de tener gobiernos en los que sí participen políticos, siempre que sean personas honestas. Además, el ejemplo no deja de tener vigencia, pues ya antes este gobierno ha dicho una cosa hoy y hecho lo contrario mañana.
Quien estudia estos tópicos desde la óptica empresarial tendrá que concluir que ambos deben ser reformados en la legislación panameña. El derecho a huelga porque debilita la acción de la empresa y la hace dependiente de lo que quiera la masa trabajadora y el descanso dominical porque establece un alto costo para quien tenga un negocio cuya naturaleza haga necesario trabajar en domingo. Ambos argumentos son ciertos y contundentes si se usa únicamente el lente del empresario.
Sin embargo la política, siendo el arte de gobernar, requiere que quienes llevan las riendas del Estado mantengan a la población en un nivel aceptable de tranquilidad y bienestar, el cual no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de dinero que se produce. Es por ello que el buen político no sólo mide el impacto económico de una medida, sino también, entre otras cosas, su efecto en el tejido social, en la calidad de vida de los gobernados.
Cuando hacemos ese ejercicio, limitar el derecho a huelga y eliminar el descanso dominical ya no parecen tan buenas ideas.
Muchas huelgas son injustas y hasta dañinas, pero, en general, el mecanismo trae algo de balance sano entre las partes y evita que los conflictos obrero-patronales escalen a escenarios incontrolables. En cuanto al domingo pienso que la cosa es aun más clara. No creo en argumentos religiosos como base para ninguna decisión gubernamental, lo objetivo en este caso es que no es posible tener vida familiar cuando papá o mamá están libres un día de semana, mientras los niños van a la escuela y el otro cónyuge al trabajo.
Como electores tenemos que entender, que si elegimos a personas que por formación, experiencia y convicción tienen como único norte la producción de ganancias, no podemos sorprendernos cuando ellos actúan de manera consecuente, aunque ello signifique afectar derechos adquiridos o aspectos esenciales de la democracia como el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la legalidad o a la libertad de expresión.
El sector empresarial tiene muchísimo que aportar al momento de decidir cómo y hacia dónde se debe conducir un país, pero su punto de vista debe tener los adecuados contrapesos y balances, de forma que logremos un desarrollo integral y sostenible. La participación del buen político es lo único que garantiza el adecuado equilibrio.
QUE ESTÉN BIEN!!
lunes 24 de mayo de 2010
PARECE QUE SON SORDOS
La gran mayoría de los políticos panameños actúa a contrario sensu de lo que la población pide, lo que nos dirige hacia un estado de decepción total, con todos los riesgos que eso implica.
El gobierno nacional sigue tomando medidas que son únicamente propagandísticas y para satisfacer la psiquis popular. El gran temor es bajar en las encuestas y cualquier promesa, por enormes costos que la misma implique, es aceptable si la popularidad se mantiene o sube. Ante esta triste realidad la oposición, en lugar de tratar de cambiar ese rumbo mediante el debate y la crítica constructiva, recurre a burdas maniobras de difamación que hasta un ciego puede detectar.
Cualquier persona sensata sabe que alguien está enviando desde Panamá la información que sigue apareciendo en un supuesto diario en Costa Rica y evidentemente no es el gobierno. Lo realmente atroz es que por el deseo egoísta de manchar la imagen del gobierno a toda costa, los autores de esta trama estén comprometiendo la imagen de todo un país. No tengo aprecio alguno por la impunidad, pero tampoco doy valor a la calumnia. Mientras el autor intelectual de esas publicaciones no tenga suficientes elementos probatorios para presentar una denuncia formal, su deber es guardar silencio.
Hay muy poca inteligencia en la dirigencia opositora, pues si su interés es demostrar que el gobierno no está cumpliendo sus promesas y nos está dirigiendo de mala manera, sólo hace falta cuestionar objetivamente sus actuaciones diarias.
Sólo ayer, un acto que se suponía fuese, entre otras cosas, un llamado de atención a nuestras autoridades, fue hábilmente aprovechado por ellas para hacerse propaganda gratis y conseguir un gran respiro mediante el nuevo plazo de tres años impuesto por el señor Presidente.
Él prometió en campaña solucionar la inseguridad del país en cuanto fuese Presidente y no cuatro años después. Muchos creímos que lo podría hacer, sin embargo, a un año de gobierno la situación sólo ha empeorado y parece que se pondrá peor.
Tengo la experiencia suficiente para analizar los signos que me indican lo anterior. Participé de una gestión gubernamental que falló en la solución de este problema y conozco los factores que nos llevaron al fracaso. En este gobierno no sólo se están repitiendo los errores anteriores, sino que se están profundizando y se han agregado algunos.
Para quienes algo conocen este tema no hay correspondencia alguna entre la promesa de hacer de Panamá el país más seguro de América y las medidas que se han anunciado. Un simple ejemplo son las visas a "todo el mundo" que mencionó ayer el señor Presidente. Primero, no es cierto que la mayoría de los delitos graves y violentos son cometidos por extranjeros y además, ese documento no es lo que servirá de freno a los delincuentes foráneos que quieren penetrar nuestras fronteras. Si la visa no lleva consigo una comprobación real del estado judicial del individuo que aplica para la misma, ninguna efectividad puede tener. Sin embargo, implementar visas a todo el mundo será una medida de propaganda que dará una impresión inicial de eficacia, pero que probará ser totalmente inútil.
Así mismo ocurrirá con otras medidas como los indultos a policías acusados de homicidio sin haberse comprobado su culpabilidad o inocencia, lo que sólo promueve la impunidad y los abusos o la implementación de leyes "más fuertes" que únicamente aumentarán penas, pero que jamás serán impuestas a nadie.
Parece que el gobierno está tirando al aire con una escopeta para ver si algún perdigón por casualidad o suerte da en el blanco o lo que es peor, sencillamente para hacer ruido y que todos pensemos que "están trabajando".
Reunir a la sociedad civil y recibir de ellos una serie de propuestas, así las mismas se conviertan en leyes, tampoco traerá paz. El problema de la violencia y la inseguridad es uno que sólo se puede resolver con planes integrales, que se apliquen durante el ejercicio de diferentes gobiernos y que hayan sido elaborados por científicos y profesionales capacitados en dicha materia. Por muy buena voluntad que todos los no expertos podamos tener, debemos entender que nuestra capacidad para proponer soluciones viables y efectivas está limitada y que de ese límite en adelante el espacio es para los profesionales.
Espero estarme equivocando y que, aunque otra sea la impresión que dan sus actuaciones, el gobierno esté entendiendo los mensajes claros del pueblo, en especial en materia de seguridad. El cese de las promesas sin sentido ni base en la realidad sería un excelente comienzo. El inicio de una discusión científica que tenga como objetivo redactar la política criminológica del Estado panameño sería aun mejor.
Por el contrario, interpretar la marcha de ayer como un espaldarazo al gobierno y como la firma de un cheque en blanco para que se cometan arbitrariedades que vulneren el estado de derecho, afecten el respeto a los derechos humanos o causen erogaciones excesivas y sin control de los dineros públicos sería un gigantesco error que traería sus consecuencias.
QUE ESTÉN BIEN!!
El gobierno nacional sigue tomando medidas que son únicamente propagandísticas y para satisfacer la psiquis popular. El gran temor es bajar en las encuestas y cualquier promesa, por enormes costos que la misma implique, es aceptable si la popularidad se mantiene o sube. Ante esta triste realidad la oposición, en lugar de tratar de cambiar ese rumbo mediante el debate y la crítica constructiva, recurre a burdas maniobras de difamación que hasta un ciego puede detectar.
Cualquier persona sensata sabe que alguien está enviando desde Panamá la información que sigue apareciendo en un supuesto diario en Costa Rica y evidentemente no es el gobierno. Lo realmente atroz es que por el deseo egoísta de manchar la imagen del gobierno a toda costa, los autores de esta trama estén comprometiendo la imagen de todo un país. No tengo aprecio alguno por la impunidad, pero tampoco doy valor a la calumnia. Mientras el autor intelectual de esas publicaciones no tenga suficientes elementos probatorios para presentar una denuncia formal, su deber es guardar silencio.
Hay muy poca inteligencia en la dirigencia opositora, pues si su interés es demostrar que el gobierno no está cumpliendo sus promesas y nos está dirigiendo de mala manera, sólo hace falta cuestionar objetivamente sus actuaciones diarias.
Sólo ayer, un acto que se suponía fuese, entre otras cosas, un llamado de atención a nuestras autoridades, fue hábilmente aprovechado por ellas para hacerse propaganda gratis y conseguir un gran respiro mediante el nuevo plazo de tres años impuesto por el señor Presidente.
Él prometió en campaña solucionar la inseguridad del país en cuanto fuese Presidente y no cuatro años después. Muchos creímos que lo podría hacer, sin embargo, a un año de gobierno la situación sólo ha empeorado y parece que se pondrá peor.
Tengo la experiencia suficiente para analizar los signos que me indican lo anterior. Participé de una gestión gubernamental que falló en la solución de este problema y conozco los factores que nos llevaron al fracaso. En este gobierno no sólo se están repitiendo los errores anteriores, sino que se están profundizando y se han agregado algunos.
Para quienes algo conocen este tema no hay correspondencia alguna entre la promesa de hacer de Panamá el país más seguro de América y las medidas que se han anunciado. Un simple ejemplo son las visas a "todo el mundo" que mencionó ayer el señor Presidente. Primero, no es cierto que la mayoría de los delitos graves y violentos son cometidos por extranjeros y además, ese documento no es lo que servirá de freno a los delincuentes foráneos que quieren penetrar nuestras fronteras. Si la visa no lleva consigo una comprobación real del estado judicial del individuo que aplica para la misma, ninguna efectividad puede tener. Sin embargo, implementar visas a todo el mundo será una medida de propaganda que dará una impresión inicial de eficacia, pero que probará ser totalmente inútil.
Así mismo ocurrirá con otras medidas como los indultos a policías acusados de homicidio sin haberse comprobado su culpabilidad o inocencia, lo que sólo promueve la impunidad y los abusos o la implementación de leyes "más fuertes" que únicamente aumentarán penas, pero que jamás serán impuestas a nadie.
Parece que el gobierno está tirando al aire con una escopeta para ver si algún perdigón por casualidad o suerte da en el blanco o lo que es peor, sencillamente para hacer ruido y que todos pensemos que "están trabajando".
Reunir a la sociedad civil y recibir de ellos una serie de propuestas, así las mismas se conviertan en leyes, tampoco traerá paz. El problema de la violencia y la inseguridad es uno que sólo se puede resolver con planes integrales, que se apliquen durante el ejercicio de diferentes gobiernos y que hayan sido elaborados por científicos y profesionales capacitados en dicha materia. Por muy buena voluntad que todos los no expertos podamos tener, debemos entender que nuestra capacidad para proponer soluciones viables y efectivas está limitada y que de ese límite en adelante el espacio es para los profesionales.
Espero estarme equivocando y que, aunque otra sea la impresión que dan sus actuaciones, el gobierno esté entendiendo los mensajes claros del pueblo, en especial en materia de seguridad. El cese de las promesas sin sentido ni base en la realidad sería un excelente comienzo. El inicio de una discusión científica que tenga como objetivo redactar la política criminológica del Estado panameño sería aun mejor.
Por el contrario, interpretar la marcha de ayer como un espaldarazo al gobierno y como la firma de un cheque en blanco para que se cometan arbitrariedades que vulneren el estado de derecho, afecten el respeto a los derechos humanos o causen erogaciones excesivas y sin control de los dineros públicos sería un gigantesco error que traería sus consecuencias.
QUE ESTÉN BIEN!!
viernes 7 de mayo de 2010
ALGUIEN ESCUCHA?
A un año y algunos dìas de las màs recientes elecciones presidenciales, puedo observar fenòmenos importantes que indican un cambio de forma de pensar y por lo tanto de exigencias del electorado.
En general se confirma que la gente està cansada de lo que perciben como los polìticos de siempre, definidos como personas mentirosas que ademàs de hablar mucho, hacen poco. Y digo que se confirma porque ya ha pasado suficiente tiempo despuès de las elecciones como para que si los resultados que se dieron hubiesen sido sòlo el producto de una demencia colectiva temporal, tuviesemos una larga lista de arrepentidos, lo cual, por lo menos desde el punto de vista de los resultados de las encuestas, no parece ser el caso.
Los datos publicados indican que la gran mayorìa de las personas considerò y sigue considerando a Martinelli como un polìtico diferente y que por ese solo hecho estàn dispuestos a perdonarle muchas cosas que tal vez a otro le reprocharìan. Escuchando a la gente, concluyo que, entre otras cosas, lo que les hace distinguir positivamente al Presidente es su pragmatismo.
La realidad que reflejan las encuestas debe ser un llamado de atenciòn para todos los polìticos panameños, tanto de gobierno como de oposiciòn. A los primeros los debe hacer conscientes de que la paz, la tranquilidad y el desarrollo del paìs dependen de que ellos satisfagan las altìsimas espectativas que los ciudadanos tienen de su gestiòn y que ellos mismos han ido creando. Muy pronto no bastarà con anuncios y discursos y la ùnica respuesta agradable a la gente seràn resultados concretos.
A la oposiciòn las encuestas nos tienen que llamar a romper con todos los anteriores paradigmas de la polìtica criolla, haciendo de nuestro ejercicio de esa ciencia una actividad mucho màs simple y transparente, fundamentada en la bùsqueda del bien comùn y en nada màs.
Lamentablemente, creo que ninguno de los dos grupos està leyendo el claro mensaje que los habitantes de este paìs nos estàn mandando. El gobierno piensa que puede seguir viviendo del cuento, de los slogans y de las imposiciones arbitrarias y la oposiciòn cree que puede llegar a convertirse en una alternativa viable de poder aplicando los mismos mètodos de antes y presentando como sus representantes a los de siempre o a algunas "caras nuevas" pero de alma vieja, quienes son iguales o peores que los dinosaurios.
Si seguimos en la direcciòn actual tendremos a un pueblo frustrado al lìmite, producto de una desilusiòn màs, que peligrosamente no tendrà esperanzas en un futuro cambio por la via democràtica. Este serà el caldo de cultivo perfecto para experimentos polìticos tan nefastos como los que hemos visto darse en paìses tan cercanos como Venezuela.
El pueblo hablò y sigue hablando alto y claro, si los polìticos no queremos escuchar, seremos los ùnicos responsables de los males que ello pueda traer.
QUE ESTÈN BIEN!!
En general se confirma que la gente està cansada de lo que perciben como los polìticos de siempre, definidos como personas mentirosas que ademàs de hablar mucho, hacen poco. Y digo que se confirma porque ya ha pasado suficiente tiempo despuès de las elecciones como para que si los resultados que se dieron hubiesen sido sòlo el producto de una demencia colectiva temporal, tuviesemos una larga lista de arrepentidos, lo cual, por lo menos desde el punto de vista de los resultados de las encuestas, no parece ser el caso.
Los datos publicados indican que la gran mayorìa de las personas considerò y sigue considerando a Martinelli como un polìtico diferente y que por ese solo hecho estàn dispuestos a perdonarle muchas cosas que tal vez a otro le reprocharìan. Escuchando a la gente, concluyo que, entre otras cosas, lo que les hace distinguir positivamente al Presidente es su pragmatismo.
La realidad que reflejan las encuestas debe ser un llamado de atenciòn para todos los polìticos panameños, tanto de gobierno como de oposiciòn. A los primeros los debe hacer conscientes de que la paz, la tranquilidad y el desarrollo del paìs dependen de que ellos satisfagan las altìsimas espectativas que los ciudadanos tienen de su gestiòn y que ellos mismos han ido creando. Muy pronto no bastarà con anuncios y discursos y la ùnica respuesta agradable a la gente seràn resultados concretos.
A la oposiciòn las encuestas nos tienen que llamar a romper con todos los anteriores paradigmas de la polìtica criolla, haciendo de nuestro ejercicio de esa ciencia una actividad mucho màs simple y transparente, fundamentada en la bùsqueda del bien comùn y en nada màs.
Lamentablemente, creo que ninguno de los dos grupos està leyendo el claro mensaje que los habitantes de este paìs nos estàn mandando. El gobierno piensa que puede seguir viviendo del cuento, de los slogans y de las imposiciones arbitrarias y la oposiciòn cree que puede llegar a convertirse en una alternativa viable de poder aplicando los mismos mètodos de antes y presentando como sus representantes a los de siempre o a algunas "caras nuevas" pero de alma vieja, quienes son iguales o peores que los dinosaurios.
Si seguimos en la direcciòn actual tendremos a un pueblo frustrado al lìmite, producto de una desilusiòn màs, que peligrosamente no tendrà esperanzas en un futuro cambio por la via democràtica. Este serà el caldo de cultivo perfecto para experimentos polìticos tan nefastos como los que hemos visto darse en paìses tan cercanos como Venezuela.
El pueblo hablò y sigue hablando alto y claro, si los polìticos no queremos escuchar, seremos los ùnicos responsables de los males que ello pueda traer.
QUE ESTÈN BIEN!!
lunes 29 de marzo de 2010
GRADO DE INVERSIÓN, LOGRO MONUMENTAL!!
Creo que, aun con el muy merecido despliegue que se ha dado en los medios de comunicación sobre este tema, la gran mayoría de los panameños no tiene claridad sobre el verdadero impacto que puede tener este hito en nuestra vida cotidiana.
No se me ocurre defender a las calificadoras de riesgo y su sistema de trabajo, además de que comparto muchas de las críticas que se les realizan, pero al final del día hay que ser pragmáticos y la realidad es que lo que estas empresas digan sobre un país le afecta de manera directa a quienes viven en el mismo, gústenos o no. Por algo todos quieren entrar al "club".
Sin embargo, hay que tener muy claro que lo importante no es el simple hecho de estar en ese grupo tan exclusivo de sólo cinco países de latinoamérica (Chile, México, Brasil, Perú y Panamá). Lo medular es que producto de esa nueva calificación los intereses que pagamos por nuestra deuda externa deben bajar significativamente, lo que se puede traducir en ahorros importantes para nuestros presupuestos, pero además, esa calificación es de los primeros y más importantes parámetros que revisan los inversionistas internacionales antes de tomar decisiones sobre qué país será el destino de sus dineros. Esto último podría ser una fuente importantísima de empleos, si se juegan las cartas correctamente.
A pesar de haberse completado una fase importante con la calificación otorgada por Fitch Ratings, Panamá no puede dormirse en sus laureles, pues falta mucho camino por andar si queremos ver en la práctica los efectos potenciales de ser un país con grado de inversión.
El paso siguiente en este momento es que las otras dos importantes calificadoras, a saber, Standard & Poor´s y Moody´s, también revisen hacia arriba su calificación. De lograrse lo anterior, lo que sigue es acometer la difícil tarea de mantener el nuevo "rating", lo cual muchas veces ha probado ser más duro que conseguirlo.
Lo más sensato para repetir cualquier resultado positivo y para mantener sus efectos es analizar cómo se le consiguió por primera vez, es decir, determinar exactamente cuáles fueron los pasos esenciales, sin los cuales no se hubiese obtenido la conclusión deseada.
Cuando realizo ese análisis concluyo que nuestro grado de inversión fue un logro nacional, en el cual participaron varias administraciones gubernamentales y para lo que, muchas veces sin ser conscientes, todo el pueblo panameño tuvo que hacer grandes sacrificios. Jamás se hubiese obtenido el grado de inversión sin las privatizaciones o sin las reformas fiscales, por poner sólo algunos ejemplos.
No voy a entrar en la discusión estéril sobre qué gobierno hizo más para llegar a esta meta, pero sí debo ser enfático al señalar dos cosas. Por un lado, que fue el gobiernos del Presidente Torrijos el que logró la disciplina fiscal del Estado panameño y por el otro, que aunque sólo llevan 9 meses ejerciendo la conducción del Estado, el actual gobierno fue pieza fundamental en la consecución del grado. Todas las perspectivas y planes que por meses y a veces años, pueda tener una calificadora puden cambiar repentinamente por un evento de un solo día. En otras palabras, si Fitch Ratings no tuviese confianza en el gobierno de Martinelli y en la conducción económica y financiera de Alberto Vallarino, jamás hubiese variado su calificación hacia arriba.
Han sido muchas, pero dos condiciones específicas son las que sobresalen como las responsables de que Panamá haya obtenido este grado:
No se me ocurre defender a las calificadoras de riesgo y su sistema de trabajo, además de que comparto muchas de las críticas que se les realizan, pero al final del día hay que ser pragmáticos y la realidad es que lo que estas empresas digan sobre un país le afecta de manera directa a quienes viven en el mismo, gústenos o no. Por algo todos quieren entrar al "club".
Sin embargo, hay que tener muy claro que lo importante no es el simple hecho de estar en ese grupo tan exclusivo de sólo cinco países de latinoamérica (Chile, México, Brasil, Perú y Panamá). Lo medular es que producto de esa nueva calificación los intereses que pagamos por nuestra deuda externa deben bajar significativamente, lo que se puede traducir en ahorros importantes para nuestros presupuestos, pero además, esa calificación es de los primeros y más importantes parámetros que revisan los inversionistas internacionales antes de tomar decisiones sobre qué país será el destino de sus dineros. Esto último podría ser una fuente importantísima de empleos, si se juegan las cartas correctamente.
A pesar de haberse completado una fase importante con la calificación otorgada por Fitch Ratings, Panamá no puede dormirse en sus laureles, pues falta mucho camino por andar si queremos ver en la práctica los efectos potenciales de ser un país con grado de inversión.
El paso siguiente en este momento es que las otras dos importantes calificadoras, a saber, Standard & Poor´s y Moody´s, también revisen hacia arriba su calificación. De lograrse lo anterior, lo que sigue es acometer la difícil tarea de mantener el nuevo "rating", lo cual muchas veces ha probado ser más duro que conseguirlo.
Lo más sensato para repetir cualquier resultado positivo y para mantener sus efectos es analizar cómo se le consiguió por primera vez, es decir, determinar exactamente cuáles fueron los pasos esenciales, sin los cuales no se hubiese obtenido la conclusión deseada.
Cuando realizo ese análisis concluyo que nuestro grado de inversión fue un logro nacional, en el cual participaron varias administraciones gubernamentales y para lo que, muchas veces sin ser conscientes, todo el pueblo panameño tuvo que hacer grandes sacrificios. Jamás se hubiese obtenido el grado de inversión sin las privatizaciones o sin las reformas fiscales, por poner sólo algunos ejemplos.
No voy a entrar en la discusión estéril sobre qué gobierno hizo más para llegar a esta meta, pero sí debo ser enfático al señalar dos cosas. Por un lado, que fue el gobiernos del Presidente Torrijos el que logró la disciplina fiscal del Estado panameño y por el otro, que aunque sólo llevan 9 meses ejerciendo la conducción del Estado, el actual gobierno fue pieza fundamental en la consecución del grado. Todas las perspectivas y planes que por meses y a veces años, pueda tener una calificadora puden cambiar repentinamente por un evento de un solo día. En otras palabras, si Fitch Ratings no tuviese confianza en el gobierno de Martinelli y en la conducción económica y financiera de Alberto Vallarino, jamás hubiese variado su calificación hacia arriba.
Han sido muchas, pero dos condiciones específicas son las que sobresalen como las responsables de que Panamá haya obtenido este grado:
- Disciplina Fiscal. Entendida como un balance correcto entre lo que Estado recauda, lo que gasta y lo que debe.
- Seguridad Jurídica. Lo que en este caso implica la certeza que pueden tener los inversionistas de que las reglas del juego que se aplican inicialmente para atraerlos (contratos y leyes principalmente) no variarán de forma abrupta o sin fundamento, una vez ellos hayan realizado su inversión.
En este sentido hay algunas acciones recientes del gobierno que me preocupan, ya que pudiese interpretarse que tienen el potencial de afectar negativamente ambas condiciones arriba señaladas. La primera es la menos conocida y poco comentada, es decir, la decisión de acuñar 130 millones de balboas en monedas, con la novedad de que una parte importante de las mismas serán de 1, 2 y 5 balboas. La segunda es la tan publicitada "compra de los corredores" con dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario.
Con respecto a la acuñación de monedas el riesgo es básico y se resume en el muy temido fenómeno de la inflación. Si el gobierno actual o los futuros toman la costumbre de acuñar moneda, lo primero que se cuestionará es si esa moneda tiene respaldo real, una pregunta difícil de contestar con argumentos a nuestro favor. El comportamiento de gastos e inversiones muy altos que ha mostrado hasta ahora el gobierno Martinelli hace aumentar las preocupaciones en este sentido, pues pudiese darse el caso de que se pretendan financiar obras con esta nueva modalidad, lo que sería altamente perjudicial para nuestro país.
En lo referente a las compras de acciones de los corredores ya se han dado manifestaciones de preocupación, inclusive por parte de Fitch Ratings, quienes perciben un aire de nacionalización en la acción. El gobierno panameño deberá realizar las explicaciones del caso, pero la comunidad internacional podría mantener dos preocupaciones subyacentes. La primera, que en Panamá no se estén respetando los contratos que se firman con empresas extranjeras y la segunda, que la posición saludable en la que se encuentran las finanzas de la Caja de Seguro Social se vea afectada por invertir parte de sus reservas en una empresa que podría no ser tan lucrativa como se plantea para sustentar la movida financiera.
Ambas preocupaciones tienen fundamento. La manera secreta y acelerada como se dieron las "negociaciones" entre el gobierno y las empresas de los corredores deja abierta la posibilidad de que hayan existido presiones que las mismas no pudieron resistir. Dejo claro que entiendo que no estamos hablando de monjas de la caridad y que estoy de acuerdo con que esos contratos tenían que ser revisados si en efecto resultaban perjudiciales para Panamá. De hecho, tengo información de personas muy serias involucradas en este tema y a quienes doy entero crédito, según las cuales bajo los esquemas originales los corredores nunca serían entregados a Panamá. Sin embargo, las formas cuentan y por lo tanto en estas materias tan delicadas además de ser transparentes y correctos hay que parecerlo.
En cuanto al uso del dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario, más allá de la falta de cumplimiento de las formalidades legales para utilizar esos fondos y de la ausencia de consultas a los verdaderos dueños de los mismos, lo que preocupa es el manejo que en la práctica se vaya a dar a la nueva empresa mixta. Y es que la inversión sólo será positiva para la Caja y para el Fondo si la empresa da dividendos y eso aun está por verse. Todo suena muy bien en papel, pero en la realidad cotidiana las cosas pueden cambiar si a alguien se le ocurre ceder ante la presión popular de que los corredores deben ser gratis o por lo menos que deben ser rebajados sustancialmente o que hay que ampliarlos sin que ello tenga incidencia en su costo, entre otras miles de posibilidades que afectarían negativamente la rentabilidad de la empresa.
Es evidente que en materia económica vamos por buen camino, ahora lo importantes es mantenernos e identificar todo aquéllo que tenga el potencial de desviarnos.
QUE ESTÉN BIEN!!
martes 23 de marzo de 2010
NUESTRA AGENDA SOBRE SEGURIDAD YA NO ES PANAMEÑA
En el pasado reciente me he referido varias veces al tema de las nuevas políticas de seguridad del Estado panameño con respecto al conflicto colombiano. Créanme que no ha sido por tenerle gusto al tema, ni por considerarme un experto en el mismo, pues estoy muy lejos de serlo. Sin embargo, algo me enseñaron los casi tres años en la Policía Nacional, cuando el servicio de fronteras era parte de esa institución. Además y sobre todo, callar sería extremadamente cómodo y egoísta de mi parte, pues estoy convencido de que este tema afectará grandemente todos los aspectos de la vida nacional.
Lo nuevo en esta materia es que con las recientes declaraciones, primero de la señora Embajadora de los Estados Unidos en Panamá y luego del Subsecretario de Defensa para América Latina del gobierno de aquél país, ya no existen dudas en mi mente de que la nueva política del Estado panameño con relación al conflicto colombiano fue diseñada y creada desde afuera y es de tal naturaleza que afectará negativamente nuestros intereses. Adicionalmente, también me queda claro que dicha novedosa política no sólo se circunscribe a Colombia, sino a todo lo relacionado con el fenómeno del narcotráfico.
La señora embajadora básicamente repitió hace algunos días en un foro sobre seguridad el discurso que últimamente ha sostenido de forma reiterada el señor Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, en el sentido de que nuestro país debía luchar contra los carteles de la droga y contra todo lo relacionado a su actividad. Inclusive hizo énfasis en los carteles mexicanos, así como lo ha hecho el señor Ministro. Por su parte, el Subsecretario de Defensa dijo un día después y de manera directa que los problemas de Colombia eran también problemas de Panamá y que por lo tanto Panamá tenía la obligación de combatirlos.
Me queda claro que en la práctica Panamá empezará a poner "mano dura" contra las FARC y los carteles de la droga colombianos y mexicanos, para lo cual recibirá "ayuda" norteamericana. Si bien estas situaciones suenan en principio como muy positivas para la humanidad, lo lógico y exigible a cualquier gobierno es analizar si esas nuevas acciones que emprenderemos son buenas o perjudiciales para Panamá. En mi opinión son muy dañinas para nuestros intereses y lo sustento en los siguientes hechos:
Lo nuevo en esta materia es que con las recientes declaraciones, primero de la señora Embajadora de los Estados Unidos en Panamá y luego del Subsecretario de Defensa para América Latina del gobierno de aquél país, ya no existen dudas en mi mente de que la nueva política del Estado panameño con relación al conflicto colombiano fue diseñada y creada desde afuera y es de tal naturaleza que afectará negativamente nuestros intereses. Adicionalmente, también me queda claro que dicha novedosa política no sólo se circunscribe a Colombia, sino a todo lo relacionado con el fenómeno del narcotráfico.
La señora embajadora básicamente repitió hace algunos días en un foro sobre seguridad el discurso que últimamente ha sostenido de forma reiterada el señor Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, en el sentido de que nuestro país debía luchar contra los carteles de la droga y contra todo lo relacionado a su actividad. Inclusive hizo énfasis en los carteles mexicanos, así como lo ha hecho el señor Ministro. Por su parte, el Subsecretario de Defensa dijo un día después y de manera directa que los problemas de Colombia eran también problemas de Panamá y que por lo tanto Panamá tenía la obligación de combatirlos.
Me queda claro que en la práctica Panamá empezará a poner "mano dura" contra las FARC y los carteles de la droga colombianos y mexicanos, para lo cual recibirá "ayuda" norteamericana. Si bien estas situaciones suenan en principio como muy positivas para la humanidad, lo lógico y exigible a cualquier gobierno es analizar si esas nuevas acciones que emprenderemos son buenas o perjudiciales para Panamá. En mi opinión son muy dañinas para nuestros intereses y lo sustento en los siguientes hechos:
- Ningún gobierno de la República de Panamá en el pasado había cedido ante las presiones de involucrarse directamente en el conflicto colombiano o en la lucha contra determinados carteles de droga que operan fuera de nuestras fronteras.
- Producto de esa política de Estado, respetada y sostenida por múltiples gobiernos de múltiples signos político partidistas, así como del uso del diálogo como herramienta principal para la solución de conflictos con grupos irregulares en la frontera con Colombia, Panamá ha logrado mantener la mayor seguridad y calma posibles dentro de sus circunstancias en esa región y ha alejado de sus ciudades la posibilidad de ataques por grupos irregulares.
- Panamá no está preparada para librar una guerra sostenida en su frontera con Colombia, pero sobre todo, no necesita estar preparada para ello. Lo que necesitamos allá es seguridad para los nuestros, no ayudar a nadie a destruir a sus enemigos.
- Si bien el tráfico de droga trae luto y dolor por donde pasa, el fenómeno de la delincuencia y violencia en Panamá está mucho más relacionado con los "tumbadores" de drogas locales y con las pandillas panameñas que con las FARC o con los narcos mexicanos o colombianos.
- Eso es porque Panamá no es un destino para la droga colombiana, dado que los precios de la misma aquí son sólo pequeñas fracciones de los que están vigentes en Estados Unidos y Europa.
- Dado todo lo anterior, si recibimos "ayuda" de otros países, la misma será para solventar problemas que no son nuestros y que por lo tanto nos van a desviar del curso correcto para los mejores intereses de nuestro país.
- Involucrarnos en conflictos en los que no somos parte trae como consecuencia que tengamos nuevos "aliados", pero también nuevos y poderosos enemigos.
No se trata de negarnos a participar en la lucha contra la delincuencia, la droga o la violencia en general, sino de hacerlo desde la perspectiva panameña y de acuerdo a los mejores intereses de nuestra nación. Podemos y además tenemos el deber humano y moral de ser solidarios con nuestros países vecinos y con la comunidad internacional, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de hacerlo sin que ello nos cause perjuicio alguno.
¿Quién y con qué recurso humano combatirá los robos a manos armada, los hurtos, las violaciones, los homicidios que se producen como consecuencia de los anteriores delitos, los secuestros "express", etc. cuando nuestros efectivos policiales estén concentrados en que la droga que va para Estados Unidos o Europa no alcance su destino final o en causarle bajas a las FARC?
¿Qué efecto tendrá en las pandillas panameñas, que cometen todos los delitos locales antes mencionados y que causan casi la totalidad de las estadísticas delictivas del país, el hecho de que se incauten mil o dos mil kilos de droga que no tenían a Panamá como destino o el hecho de que acabemos con un campamento de las FARC?
Yo felicito las acciones e iniciativas de las autoridades norteamericanas y colombianas, pues se enmarcan dentro de una política lógica de lograr los mejores beneficios para sus nacionales y hago un respetuoso llamado de atención a las nuestras para que los imiten. Podemos ser socios y compartir intereses sin ceder ciegamente a todo lo que se nos pide. Eso, además de consecuente con nuestro pueblo, nos gana el respeto de la comunidad de naciones.
QUE ESTÉN BIEN!!
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