La ley 30, conocida como golazo, camarón, chorizo o langosta, tendrá graves consecuencias para nuestro país. Pero no sólo por las aberraciones de fondo que su contenido implica, sino por el desprecio hacia la inteligencia del pueblo panameño que demuestra todo el accionar del gobierno nacional en torno a su aprobación y posterior sanción por parte del Presidente de la República.
Se esfumó el último vestigio de esperanza de que el gobierno tomase en cuenta las quejas por su falta de atención a la institucionalidad y su carencia de respeto a las normas fundamentales de convivencia democrática. Está claro que estas falencias son intencionales y que por lo tanto estarán presentes en las actuaciones futuras del gobierno. Ellos consideran que hacerlo así es lo correcto. Cualquier ley o principio que se oponga a sus designios será ignorada, violentada o cambiada sin consulta ni consideración alguna, es decir, el método es totalitario.
Independientemente de que la ley 30 no lo diga así de manera expresa, el efecto práctico de sus diversas normas es que se ha eliminado el derecho a huelga, se han suprimido los sindicatos, así como tirado a la basura importantes normas que protegen nuestro débil medio ambiente y se han desaparecido los controles que hacían que nuestros policías actuasen de manera diferente a los delincuentes, entre otras cosas. No obstante, nada de esto es más peligroso que el hecho de que esta ley demuestra que el gobierno nos considera a todos unos imbéciles y que por lo tanto pueden hacer lo que les venga en gana, sin que ello tenga consecuencias.
Pruebas de esto hay muchas. Todo empezó cuando el Ministro Mulino fue a la Asamblea Nacional y presentó una ley que trataba 9 materias, todas ellas altamente sensitivas, pero cuyo título original sólo hacía referencia a una de esas materias. Peor aun fue que el citado Ministro no hiciese ni una mínima alusión a las otros ocho temas cuando hizo su explicación verbal al pleno legislativo. Asumo que este funcionario pensó que todos (diputados, periodistas y sociedad en general) seríamos lo suficientemente estúpidos como para no leer el texto del proyecto. Luego los diputados se burlaron de los afectados por las modificaciones que propuso el Ejecutivo, al ponerlos a hablar sin ser escuchados para posteriormente cerrarles la puerta en la cara y no dejarlos entrar. De allí pasaron a la ofensiva los Ministros y el Presidente, tratando de hacernos creer que esta es una "ley buena" y que realmente nos están haciendo un enorme favor, aunque nosotros, ignorantes mortales, no lo podamos entender.
La cereza en el sunday la puso el propio Presidente de la República, cuando invitó a los ambientalistas a una reunión para conocer sus opiniones sobre la ley y procedió a sancionarla horas antes de que la reunión ocurriese.
Tantos desprecios y burlas han producido una serie de alianzas peligrosas, que además eran impensables hace un mes. Ahora, ese movimiento "popular" llamado Frenadeso que tenía imagen de violento e intransigente ha pasado a ser víctima y además a tener como compañeros de lucha a personas con un alto nivel de credibilidad, como lo son muchos de los líderes de diversas organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno, lejos de debilitar a los sindicatos o, como ellos dicen, a la izquierda, la está fortaleciendo. Pareciera que no se han dado cuenta de que los señores del Suntracss son realmente políticos y no sindicalistas.
Gracias a las acciones del gobierno, hoy, estos políticos disfrazados de sindicalistas están que brincan en un pie, celebrando las oportunidades que les está abriendo tan fácilmente quien paradójicamente ha jurado destruirlos.
Lo terrible es que los efectos de las condiciones políticas y sociales que se están creando no los va a sufrir sólo el gobierno, sino todo el país. Ya antes e inclusive en nuestra historia reciente, hemos tenido un Panamá polarizado y en conflicto permanente y todos sabemos eso cómo terminó. Alguien quiere repetirlo?, confío en que sólo sea ese grupo de políticos cuyo método les indica provocar inestabilidad para luego "pescar en río revuelto".
Espero que la última marcha en contra de la ley 30 haya llamado la atención del gobierno y que entiendan que no nos pueden engañar a todos, todo el tiempo, es decir, NO SOMOS IMBÉCILES. El pueblo va registrando lo que ocurre, aunque no pase la factura de manera inmediata. Todas las cuentas se acumulan hasta que llega la gota que derrama el vaso y entonces tratan de capitalizar del descontento popular los enemigos de la democracia.
Como ciudadanos tenemos la obligación de comunicar al gobierno, de manera pacífica y respetuosa que no somos autómatas, que sí pensamos y que no estamos de acuerdo con sus actuaciones. De eso depende que ellos sientan la presión de hacer las cosas de forma diferente, en beneficio de las grandes mayorías.
A quienes amamos la democracia nos corresponde hacernos sentir para evitar que políticas de gobierno equivocadas abran la puerta a los que sueñan con el poder absoluto para ensayar modelos ya fracasados en todo el mundo.
QUE ESTÉN BIEN!!
lunes, 14 de junio de 2010
lunes, 7 de junio de 2010
LA OLA ANTI POLÍTICOS TIENE CONSECUENCIAS
Es lamentable que algunos de los que han ejercido la política en nuestro país hayan hecho tan mal trabajo que hoy se considera un pecado original ser político. El electorado reacciona positivamente ante quien dice no ser político e inclusive considera que ello es una virtud.
La paciencia llegó al límite y ahora se confunde a todos los políticos con los malos políticos. Esto es injusto, pero sobre todo perjudicial, pues se excluye del ejercicio gubernamental al "buen político" (aunque no lo crean, sí existen!), una persona con la capacidad de ejercer la política como la ciencia social que es, de manera transparente, honesta y equilibrada, manteniendo un balance correcto entre lo social, lo político y lo económico.
Esta realidad, que no es exclusiva de Panamá, produce gobiernos ejercidos por personas muy hábiles para producir riquezas, pero que no dan la importancia suficiente a la correcta distribución de las mismas ni tienen como prioridad la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
Por eso es que no debe sorprender a nadie que hoy en día ya sean temas normales de discusión aspectos que antes se consideraban intocables, como el derecho a huelga o el descanso dominical. Aunque la discusión sobre el domingo ya fue "resuelta", analizar estos dos temas como ejemplo muestra la gran importancia de tener gobiernos en los que sí participen políticos, siempre que sean personas honestas. Además, el ejemplo no deja de tener vigencia, pues ya antes este gobierno ha dicho una cosa hoy y hecho lo contrario mañana.
Quien estudia estos tópicos desde la óptica empresarial tendrá que concluir que ambos deben ser reformados en la legislación panameña. El derecho a huelga porque debilita la acción de la empresa y la hace dependiente de lo que quiera la masa trabajadora y el descanso dominical porque establece un alto costo para quien tenga un negocio cuya naturaleza haga necesario trabajar en domingo. Ambos argumentos son ciertos y contundentes si se usa únicamente el lente del empresario.
Sin embargo la política, siendo el arte de gobernar, requiere que quienes llevan las riendas del Estado mantengan a la población en un nivel aceptable de tranquilidad y bienestar, el cual no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de dinero que se produce. Es por ello que el buen político no sólo mide el impacto económico de una medida, sino también, entre otras cosas, su efecto en el tejido social, en la calidad de vida de los gobernados.
Cuando hacemos ese ejercicio, limitar el derecho a huelga y eliminar el descanso dominical ya no parecen tan buenas ideas.
Muchas huelgas son injustas y hasta dañinas, pero, en general, el mecanismo trae algo de balance sano entre las partes y evita que los conflictos obrero-patronales escalen a escenarios incontrolables. En cuanto al domingo pienso que la cosa es aun más clara. No creo en argumentos religiosos como base para ninguna decisión gubernamental, lo objetivo en este caso es que no es posible tener vida familiar cuando papá o mamá están libres un día de semana, mientras los niños van a la escuela y el otro cónyuge al trabajo.
Como electores tenemos que entender, que si elegimos a personas que por formación, experiencia y convicción tienen como único norte la producción de ganancias, no podemos sorprendernos cuando ellos actúan de manera consecuente, aunque ello signifique afectar derechos adquiridos o aspectos esenciales de la democracia como el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la legalidad o a la libertad de expresión.
El sector empresarial tiene muchísimo que aportar al momento de decidir cómo y hacia dónde se debe conducir un país, pero su punto de vista debe tener los adecuados contrapesos y balances, de forma que logremos un desarrollo integral y sostenible. La participación del buen político es lo único que garantiza el adecuado equilibrio.
QUE ESTÉN BIEN!!
La paciencia llegó al límite y ahora se confunde a todos los políticos con los malos políticos. Esto es injusto, pero sobre todo perjudicial, pues se excluye del ejercicio gubernamental al "buen político" (aunque no lo crean, sí existen!), una persona con la capacidad de ejercer la política como la ciencia social que es, de manera transparente, honesta y equilibrada, manteniendo un balance correcto entre lo social, lo político y lo económico.
Esta realidad, que no es exclusiva de Panamá, produce gobiernos ejercidos por personas muy hábiles para producir riquezas, pero que no dan la importancia suficiente a la correcta distribución de las mismas ni tienen como prioridad la satisfacción de las necesidades de sus pueblos.
Por eso es que no debe sorprender a nadie que hoy en día ya sean temas normales de discusión aspectos que antes se consideraban intocables, como el derecho a huelga o el descanso dominical. Aunque la discusión sobre el domingo ya fue "resuelta", analizar estos dos temas como ejemplo muestra la gran importancia de tener gobiernos en los que sí participen políticos, siempre que sean personas honestas. Además, el ejemplo no deja de tener vigencia, pues ya antes este gobierno ha dicho una cosa hoy y hecho lo contrario mañana.
Quien estudia estos tópicos desde la óptica empresarial tendrá que concluir que ambos deben ser reformados en la legislación panameña. El derecho a huelga porque debilita la acción de la empresa y la hace dependiente de lo que quiera la masa trabajadora y el descanso dominical porque establece un alto costo para quien tenga un negocio cuya naturaleza haga necesario trabajar en domingo. Ambos argumentos son ciertos y contundentes si se usa únicamente el lente del empresario.
Sin embargo la política, siendo el arte de gobernar, requiere que quienes llevan las riendas del Estado mantengan a la población en un nivel aceptable de tranquilidad y bienestar, el cual no necesariamente es directamente proporcional a la cantidad de dinero que se produce. Es por ello que el buen político no sólo mide el impacto económico de una medida, sino también, entre otras cosas, su efecto en el tejido social, en la calidad de vida de los gobernados.
Cuando hacemos ese ejercicio, limitar el derecho a huelga y eliminar el descanso dominical ya no parecen tan buenas ideas.
Muchas huelgas son injustas y hasta dañinas, pero, en general, el mecanismo trae algo de balance sano entre las partes y evita que los conflictos obrero-patronales escalen a escenarios incontrolables. En cuanto al domingo pienso que la cosa es aun más clara. No creo en argumentos religiosos como base para ninguna decisión gubernamental, lo objetivo en este caso es que no es posible tener vida familiar cuando papá o mamá están libres un día de semana, mientras los niños van a la escuela y el otro cónyuge al trabajo.
Como electores tenemos que entender, que si elegimos a personas que por formación, experiencia y convicción tienen como único norte la producción de ganancias, no podemos sorprendernos cuando ellos actúan de manera consecuente, aunque ello signifique afectar derechos adquiridos o aspectos esenciales de la democracia como el respeto a las instituciones, a la separación de poderes, a la legalidad o a la libertad de expresión.
El sector empresarial tiene muchísimo que aportar al momento de decidir cómo y hacia dónde se debe conducir un país, pero su punto de vista debe tener los adecuados contrapesos y balances, de forma que logremos un desarrollo integral y sostenible. La participación del buen político es lo único que garantiza el adecuado equilibrio.
QUE ESTÉN BIEN!!
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