GRADO DE INVERSIÓN, LOGRO MONUMENTAL!!

Creo que, aun con el muy merecido despliegue que se ha dado en los medios de comunicación sobre este tema, la gran mayoría de los panameños no tiene claridad sobre el verdadero impacto que puede tener este hito en nuestra vida cotidiana.

No se me ocurre defender a las calificadoras de riesgo y su sistema de trabajo, además de que comparto muchas de las críticas que se les realizan, pero al final del día hay que ser pragmáticos y la realidad es que lo que estas empresas digan sobre un país le afecta de manera directa a quienes viven en el mismo, gústenos o no. Por algo todos quieren entrar al "club".

Sin embargo, hay que tener muy claro que lo importante no es el simple hecho de estar en ese grupo tan exclusivo de sólo cinco países de latinoamérica (Chile, México, Brasil, Perú y Panamá). Lo medular es que producto de esa nueva calificación los intereses que pagamos por nuestra deuda externa deben bajar significativamente, lo que se puede traducir en ahorros importantes para nuestros presupuestos, pero además, esa calificación es de los primeros y más importantes parámetros que revisan los inversionistas internacionales antes de tomar decisiones sobre qué país será el destino de sus dineros. Esto último podría ser una fuente importantísima de empleos, si se juegan las cartas correctamente.

A pesar de haberse completado una fase importante con la calificación otorgada por Fitch Ratings, Panamá no puede dormirse en sus laureles, pues falta mucho camino por andar si queremos ver en la práctica los efectos potenciales de ser un país con grado de inversión.
El paso siguiente en este momento es que las otras dos importantes calificadoras, a saber, Standard & Poor´s y Moody´s, también revisen hacia arriba su calificación. De lograrse lo anterior, lo que sigue es acometer la difícil tarea de mantener el nuevo "rating", lo cual muchas veces ha probado ser más duro que conseguirlo.

Lo más sensato para repetir cualquier resultado positivo y para mantener sus efectos es analizar cómo se le consiguió por primera vez, es decir, determinar exactamente cuáles fueron los pasos esenciales, sin los cuales no se hubiese obtenido la conclusión deseada.

Cuando realizo ese análisis concluyo que nuestro grado de inversión fue un logro nacional, en el cual participaron varias administraciones gubernamentales y para lo que, muchas veces sin ser conscientes, todo el pueblo panameño tuvo que hacer grandes sacrificios. Jamás se hubiese obtenido el grado de inversión sin las privatizaciones o sin las reformas fiscales, por poner sólo algunos ejemplos.

No voy a entrar en la discusión estéril sobre qué gobierno hizo más para llegar a esta meta, pero sí debo ser enfático al señalar dos cosas. Por un lado, que fue el gobiernos del Presidente Torrijos el que logró la disciplina fiscal del Estado panameño y por el otro, que aunque sólo llevan 9 meses ejerciendo la conducción del Estado, el actual gobierno fue pieza fundamental en la consecución del grado. Todas las perspectivas y planes que por meses y a veces años, pueda tener una calificadora puden cambiar repentinamente por un evento de un solo día. En otras palabras, si Fitch Ratings no tuviese confianza en el gobierno de Martinelli y en la conducción económica y financiera de Alberto Vallarino, jamás hubiese variado su calificación hacia arriba.

Han sido muchas, pero dos condiciones específicas son las que sobresalen como las responsables de que Panamá haya obtenido este grado:

1. Disciplina Fiscal. Entendida como un balance correcto entre lo que Estado recauda, lo que gasta y lo que debe.


2. Seguridad Jurídica. Lo que en este caso implica la certeza que pueden tener los inversionistas de que las reglas del juego que se aplican inicialmente para atraerlos (contratos y leyes principalmente) no variarán de forma abrupta o sin fundamento, una vez ellos hayan realizado su inversión.

En este sentido hay algunas acciones recientes del gobierno que me preocupan, ya que pudiese interpretarse que tienen el potencial de afectar negativamente ambas condiciones arriba señaladas. La primera es la menos conocida y poco comentada, es decir, la decisión de acuñar 130 millones de balboas en monedas, con la novedad de que una parte importante de las mismas serán de 1, 2 y 5 balboas. La segunda es la tan publicitada "compra de los corredores" con dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario.

Con respecto a la acuñación de monedas el riesgo es básico y se resume en el muy temido fenómeno de la inflación. Si el gobierno actual o los futuros toman la costumbre de acuñar moneda, lo primero que se cuestionará es si esa moneda tiene respaldo real, una pregunta difícil de contestar con argumentos a nuestro favor. El comportamiento de gastos e inversiones muy altos que ha mostrado hasta ahora el gobierno Martinelli hace aumentar las preocupaciones en este sentido, pues pudiese darse el caso de que se pretendan financiar obras con esta nueva modalidad, lo que sería altamente perjudicial para nuestro país.

En lo referente a las compras de acciones de los corredores ya se han dado manifestaciones de preocupación, inclusive por parte de Fitch Ratings, quienes perciben un aire de nacionalización en la acción. El gobierno panameño deberá realizar las explicaciones del caso, pero la comunidad internacional podría mantener dos preocupaciones subyacentes. La primera, que en Panamá no se estén respetando los contratos que se firman con empresas extranjeras y la segunda, que la posición saludable en la que se encuentran las finanzas de la Caja de Seguro Social se vea afectada por invertir parte de sus reservas en una empresa que podría no ser tan lucrativa como se plantea para sustentar la movida financiera.

Ambas preocupaciones tienen fundamento. La manera secreta y acelerada como se dieron las "negociaciones" entre el gobierno y las empresas de los corredores deja abierta la posibilidad de que hayan existido presiones que las mismas no pudieron resistir. Dejo claro que entiendo que no estamos hablando de monjas de la caridad y que estoy de acuerdo con que esos contratos tenían que ser revisados si en efecto resultaban perjudiciales para Panamá. De hecho, tengo información de personas muy serias involucradas en este tema y a quienes doy entero crédito, según las cuales bajo los esquemas originales los corredores nunca serían entregados a Panamá. Sin embargo, las formas cuentan y por lo tanto en estas materias tan delicadas además de ser transparentes y correctos hay que parecerlo.

En cuanto al uso del dinero de la Caja de Seguro Social y del Fondo Fiduciario, más allá de la falta de cumplimiento de las formalidades legales para utilizar esos fondos y de la ausencia de consultas a los verdaderos dueños de los mismos, lo que preocupa es el manejo que en la práctica se vaya a dar a la nueva empresa mixta. Y es que la inversión sólo será positiva para la Caja y para el Fondo si la empresa da dividendos y eso aun está por verse. Todo suena muy bien en papel, pero en la realidad cotidiana las cosas pueden cambiar si a alguien se le ocurre ceder ante la presión popular de que los corredores deben ser gratis o por lo menos que deben ser rebajados sustancialmente o que hay que ampliarlos sin que ello tenga incidencia en su costo, entre otras miles de posibilidades que afectarían negativamente la rentabilidad de la empresa.

Es evidente que en materia económica vamos por buen camino, ahora lo importantes es mantenernos e identificar todo aquéllo que tenga el potencial de desviarnos.

QUE ESTÉN BIEN!!

NUESTRA AGENDA SOBRE SEGURIDAD YA NO ES PANAMEÑA

En el pasado reciente me he referido varias veces al tema de las nuevas políticas de seguridad del Estado panameño con respecto al conflicto colombiano. Créanme que no ha sido por tenerle gusto al tema, ni por considerarme un experto en el mismo, pues estoy muy lejos de serlo. Sin embargo, algo me enseñaron los casi tres años en la Policía Nacional, cuando el servicio de fronteras era parte de esa institución. Además y sobre todo, callar sería extremadamente cómodo y egoísta de mi parte, pues estoy convencido de que este tema afectará grandemente todos los aspectos de la vida nacional.

Lo nuevo en esta materia es que con las recientes declaraciones, primero de la señora Embajadora de los Estados Unidos en Panamá y luego del Subsecretario de Defensa para América Latina del gobierno de aquél país, ya no existen dudas en mi mente de que la nueva política del Estado panameño con relación al conflicto colombiano fue diseñada y creada desde afuera y es de tal naturaleza que afectará negativamente nuestros intereses. Adicionalmente, también me queda claro que dicha novedosa política no sólo se circunscribe a Colombia, sino a todo lo relacionado con el fenómeno del narcotráfico.

La señora embajadora básicamente repitió hace algunos días en un foro sobre seguridad el discurso que últimamente ha sostenido de forma reiterada el señor Ministro de Gobierno y Justicia de Panamá, en el sentido de que nuestro país debía luchar contra los carteles de la droga y contra todo lo relacionado a su actividad. Inclusive hizo énfasis en los carteles mexicanos, así como lo ha hecho el señor Ministro. Por su parte, el Subsecretario de Defensa dijo un día después y de manera directa que los problemas de Colombia eran también problemas de Panamá y que por lo tanto Panamá tenía la obligación de combatirlos.

Me queda claro que en la práctica Panamá empezará a poner "mano dura" contra las FARC y los carteles de la droga colombianos y mexicanos, para lo cual recibirá "ayuda" norteamericana. Si bien estas situaciones suenan en principio como muy positivas para la humanidad, lo lógico y exigible a cualquier gobierno es analizar si esas nuevas acciones que emprenderemos son buenas o perjudiciales para Panamá. En mi opinión son muy dañinas para nuestros intereses y lo sustento en los siguientes hechos:

1. Ningún gobierno de la República de Panamá en el pasado había cedido ante las presiones de involucrarse directamente en el conflicto colombiano o en la lucha contra determinados carteles de droga que operan fuera de nuestras fronteras.
2. Producto de esa política de Estado, respetada y sostenida por múltiples gobiernos de múltiples signos político partidistas, así como del uso del diálogo como herramienta principal para la solución de conflictos con grupos irregulares en la frontera con Colombia, Panamá ha logrado mantener la mayor seguridad y calma posibles dentro de sus circunstancias en esa región y ha alejado de sus ciudades la posibilidad de ataques por grupos irregulares.
3. Panamá no está preparada para librar una guerra sostenida en su frontera con Colombia, pero sobre todo, no necesita estar preparada para ello. Lo que necesitamos allá es seguridad para los nuestros, no ayudar a nadie a destruir a sus enemigos.
4. Si bien el tráfico de droga trae luto y dolor por donde pasa, el fenómeno de la delincuencia y violencia en Panamá está mucho más relacionado con los "tumbadores" de drogas locales y con las pandillas panameñas que con las FARC o con los narcos mexicanos o colombianos.
5. Eso es porque Panamá no es un destino para la droga colombiana, dado que los precios de la misma aquí son sólo pequeñas fracciones de los que están vigentes en Estados Unidos y Europa.
6. Dado todo lo anterior, si recibimos "ayuda" de otros países, la misma será para solventar problemas que no son nuestros y que por lo tanto nos van a desviar del curso correcto para los mejores intereses de nuestro país.
7. Involucrarnos en conflictos en los que no somos parte trae como consecuencia que tengamos nuevos "aliados", pero también nuevos y poderosos enemigos.

No se trata de negarnos a participar en la lucha contra la delincuencia, la droga o la violencia en general, sino de hacerlo desde la perspectiva panameña y de acuerdo a los mejores intereses de nuestra nación. Podemos y además tenemos el deber humano y moral de ser solidarios con nuestros países vecinos y con la comunidad internacional, pero los gobiernos tienen la responsabilidad de hacerlo sin que ello nos cause perjuicio alguno.

¿Quién y con qué recurso humano combatirá los robos a manos armada, los hurtos, las violaciones, los homicidios que se producen como consecuencia de los anteriores delitos, los secuestros "express", etc. cuando nuestros efectivos policiales estén concentrados en que la droga que va para Estados Unidos o Europa no alcance su destino final o en causarle bajas a las FARC?

¿Qué efecto tendrá en las pandillas panameñas, que cometen todos los delitos locales antes mencionados y que causan casi la totalidad de las estadísticas delictivas del país, el hecho de que se incauten mil o dos mil kilos de droga que no tenían a Panamá como destino o el hecho de que acabemos con un campamento de las FARC?

Yo felicito las acciones e iniciativas de las autoridades norteamericanas y colombianas, pues se enmarcan dentro de una política lógica de lograr los mejores beneficios para sus nacionales y hago un respetuoso llamado de atención a las nuestras para que los imiten. Podemos ser socios y compartir intereses sin ceder ciegamente a todo lo que se nos pide. Eso, además de consecuente con nuestro pueblo, nos gana el respeto de la comunidad de naciones.

QUE ESTÉN BIEN!!

AHORA NOSOTROS LE HABLAMOS A LAS FARC.....

Dando seguimiento a las anteriores entradas sobre este tema debo decirles que hoy en día tengo miedo de las cosas que están por venir para nuestro país si la actitud del Ministerio de Gobierno y Justicia y en especial del señor Ministro no cambian.

Mi temor parte del hecho de que mis dos anteriores escritos estaban fundamentados en apreciaciones de lo que podría pasar si ciertas cosas que yo únicamente sospechaba fuesen realidad. Eso dejaba un espacio para la posibilidad de estarme equivocando en mis análisis, lo que a su vez me producía tranquilidad. Lamentablemente, todo lo malo que suponía podía estar ocurriendo en efecto es una realidad.

Las recientes declaraciones del señor Ministro de Gobierno no dejan duda alguna. Él ha señalado abiertamente que va a atacar a las FARC cuando entren a suelo panameño y adicionalmente ya ha advertido que espera más enfrentamientos. Ya esto tuvo sus reacciones y el señor Ministro tuvo que "matizar" sus palabras diciendo que no quiere una guerra con las FARC.

Lo terrible de todo esto es que cuando un Ministro se ve forzado a decir públicamente que no quiere una guerra es porque está consciente de que ha dicho y/o hecho cosas que indican lo contrario.

No se trata de negarle a los panameños que viven en Darién su derecho a la vida y a la tranquilidad, sino todo lo contrario. Hay que cuidarles, pero de manera inteligente, pues el remedio no debe ser peor que la enfermedad. No hay nadie más consciente que los que hemos tenido que ver con el tema de que hacen falta muchas cosas en nuestra frontera con Colombia, incluyendo más seguridad, pero no podemos usar eso de excusa y poner en riesgo a los panameños que viven o trabajan en esa región por intentar un enfoque que ya ha sido estudiado científica y técnicamente y que sabemos que no es efectivo.

Es un hecho que todos los gobiernos panameños del pasado, independientemente de su bandera política o su ideología han tratado este tema de igual forma. Panamá se ha mantenido neutral, defendiendo su territorio cuando ha sido necesario, pero sin inmiscuirse en el conflicto.

En la práctica esto ha significado que la policía siempre había tenido la orden de no disparar al encontrarse con guerrilleros, a menos que fuese necesario para preservar su vida o la de los pobladores de esas áreas. El procedimiento indicaba que se debía dialogar con estos individuos y conminarlos a abandonar voluntaria y pacíficamente nuestro territorio, lo que ocurría en la gran mayoría de las ocasiones.

Este proceder no ha sido perfecto, pero sí ha probado ser el más efectivo dentro de nuestras circunstancias. Esa región del país no ha estado excenta de situaciones violentas y de inseguridad, pero lo que ha ocurrido no es ni siquiera la punta del "iceberg" de lo que podría pasar si de hecho declaramos una guerra a las FARC, independientemente de las causales que se argumenten para sustentar tal decisión.

La única razón lógica para que los conflictos hayan surgido tan pronto llegó al poder el actual gobierno es que la orden de no disparar antes de dialogar ha sido cambiada, lo que se confirma con los repetidos señalamientos públicos del Ministro de Gobierno.

Pero lo peor es que esa decisión no pareciera tener fundamento lógico, pues una guerra, ya sea declarada o no, contra las FARC en nada ayudará a disminuir el trasiego de drogas a través de nuestro país o la inseguridad que se vive en Darién. Entonces surge la duda de si se trata de criterios ideológicos personales que se convierten equivocada y peligrosamente en políticas de Estado. Ojalá que no sea así. Dios quiera que los que manejan la seguridad de nuestro país entiendan que este experimento será muy costoso, pues se pagará con vidas humanas, vidas de panameños humildes.

Otro día podemos hablar de lo que sí le haría muy bien a Darién pero por ahora y para no aburrir, sólo diré que allá hace falta mucho más construir que destruir.

Una de las cosas que diferencia a los buenos de los malos es que los primeros no creen que el fin justifica los medios y por lo tanto son incapaces de poner a personas en peligro so pretexto de un "bien mayor". Si perdemos eso, ya nos hemos cambiado de bando.

QUE ESTÉN BIEN!!

SALUDOS A TODOS

Les pido disculpas por haberme "perdido", pero estuve fuera del país recargando baterías. mañana les prometo la primera publicación de marzo, dedicada a la REFORMA TRIBUTARIA.

QUE ESTÉN BIEN!!