INUNDACIONES, OTRO IMPUESTO A LA POBREZA

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Las recientes afectaciones a miles de panameños por las lluvias nos vuelven a recordar que la pobreza se paga muchas veces…parece más cara que la riqueza.

Y es que al pobre no le toca sólo sufrir carencias sino que las calamidades pareciera que lo buscan, lo persiguen, hasta se podría decir que la vida es injusta con el pobre.  Sin embargo, estas son sólo excusas y tonterías que repetimos todos para sentirnos mejor, para auto convencernos de que la suerte del pobre no es responsabilidad nuestra.

Despertemos de ese sueño pendejo y enfrentemos la realidad, lo que pasa con los pobres, en general, es que son víctimas de la injusticia, de un tratamiento desigual.

Toda la vida ha llovido mucho en Panamá, siempre algunos han sido irresponsables y han tirado basura a los ríos y alcantarillados pero los resultados no eran tan catastróficos.  Lo que pasa hoy no es porque los pobres son cochinos sino porque todos, autoridades y población en general, hemos consentido un crecimiento descontrolado y desordenado de nuestra ciudad.

En Panamá cualquiera pide un permiso para levantar un edificio donde antes había una casa o para construir toda una barriada sobre un área inundable o inestable y se lo dan.  Todos los días alguna autoridad local consiente el levantamiento de asentamientos informales en áreas peligrosas, etc. y todo se hace en nombre del “progreso”.

Lo que parecemos todos ignorar es que el verdadero progreso no es el material, no es tener más cemento, sino seres humanos felices, quienes  tengan por lo menos sus necesidades básicas satisfechas.  El progreso legítimo es el sostenible, que trae tranquilidad y paz duraderas. 

Todos podemos poner nuestro granito de arena. Los ciudadanos tenemos que ser más solidarios ante situaciones que no nos afectan directamente pero que sí ponen en riesgo la estabilidad social, los desarrolladores deben entender que como contraprestación de sus merecidas ganancias existe una responsabilidad social que abarca todos los efectos que su actividad tiene en la comunidad y que cumplir con esa responsabilidad les es mucho más beneficioso a la larga. 

Pero sin duda los que más pueden hacer son lo funcionarios.  Panamá ya tiene suficientes leyes y lo vital es aplicarlas.  Si así fuera la gran mayoría de los exabruptos que se han cometido en materia de desarrollo urbanístico jamás hubiesen ocurrido.

El desarrollador pide permisos de acuerdo a la práctica comercial imperante y conforme a las costumbres de la plaza y eso es lo normal.  Toca a las autoridades poner límites pero hacerlo con orden y a tiempo.  No pueden irse al extremo de hacer imperar la retroactividad y el capricho para negar permisos ya dados.

Si a los desarrolladores se les ponen las reglas claras y se les da vigencia hacia futuro nadie se negará a seguirlas y sobre todo si se sanciona a tiempo al que las viole.

Entonces borremos de nuestras mentes la complaciente idea de que los pobres se inundan por cochinos porque además de que es justo y necesario reconocer la verdad si seguimos como vamos pronto los “cochinos” seremos todos.

QUE ESTÉN BIEN!

CARTA AL PRESIDENTE VARELA: MI BUS

Señor presidente, la idea de su gobierno consistente en que el transporte metropolitano sea un servicio público brindado por el Estado me parece valiosa.  También encuentro mucho sentido en dar a una empresa de reconocida trayectoria mundial la administración de esta actividad, entendiendo que la misma no tendrá nada que ver con inversiones, ganancias o pérdidas sino que será como un empleado más.

Sin embargo, la manera en la cual usted y su gobierno han llegado a ese punto es extremadamente cuestionable.  Parece que, como ya es costumbre, todo lo que usted le criticó al gobierno de Martinelli está bien si es el suyo el que lo hace.

Falta de Transparencia

Al dar la supuesta cifra de la “compra” usted menciona cuarenta y nueve millones de dólares (US$49,000,000.00), sin embargo, oculta todo el costo de asesorías, pasivos laborales, financieros y otros.  Investigando me dicen expertos que la cifra real se acerca más a los doscientos sesenta millones de dólares (US$260,000,000.00).  Le parece a usted que esos doscientos once millones de dólares (US$211,000,000.00) de diferencia son poca cosa?, o que “el pueblo primero” es muy tonto para entender?

Podría explicarnos si las asesorías que le dieron varias empresas privadas al Estado panameño en esta transacción fueron llevadas a concurso o si se escogió de a dedo a los asesores?  Lo que no necesita explicarse es que la empresa administradora sí fue seleccionada por su dedo o el de alguien, pero no fue por licitación.  Lo peor en este sentido fue su explicación:  que la empresa es buena y tiene fama mundial.  Esos parámetros no están en la ley de contrataciones públicas señor presidente.  No dudo de la capacidad de esta empresa pero sí le aseguro que hay muchas otras en el mundo con iguales o mejores credenciales y que haberlas puesto a competir nos hubiese conseguido un mucho mejor precio y condiciones.

El Pueblo de Último

Contrario a su slogan de campaña y que ha seguido usando como si siguiera en la misma, la compra de Mi Bus puso al pueblo en último lugar.  Y es que los millones pagados de más a la empresa harán falta para muchas cosas que el pueblo sí necesita, como agua, comida barata, trabajos, educación y un largo etcétera.

Como nos quedó claro después del gobierno de usted y Martinelli, gobernar no es gastar.  Eso lo puede hacer hasta un niño de 8 años.  Para gobernar efectiva y eficientemente es vital ahorrar y priorizar.

El Estado gastó millones en unas cuestionadas indemnizaciones para sacar a los diablos rojos de circulación, sin embargo, usted decide volver a pagar a esos mismos choferes que ni siquiera van a ser despedidos y conservarán su estabilidad laboral.  Quién paga esa generosidad?....de seguro no es usted.

En ese mismo sentido, Mi Bus incumplió el contrato en múltiples ocasiones y formas, lo cual le consta a todo el pueblo panameño que sufrió y sigue sufriendo el mal servicio de ellos.  Pero usted prefiere comprar su empresa quebrada en lugar de rescindir el contrato e iniciar de cero una nueva empresa, sana y bajo el esquema propuesto.  Nuevamente, quién paga todos esos millones de más?  Usted y todos lo sabemos, es el pueblo el que paga, paga por una empresa quebrada e ineficiente y le paga a personas no por un buen trabajo, sino por haberlo hecho mal.  Con qué moral le pedimos entonces al pequeño y mediano empresario panameño que sea serio y eficiente?

Señor Presidente, la época de la patria boba ya pasó, este pueblo sabe cuando lo engañan y ya no se conforma con tiernos discursos en tono de sermón dominical.  Las acciones son lo que cuenta y su gobierno no va por buen camino.

QUE ESTÉ BIEN!

JUSTICIA SÍ, VENGANZA NO!

Lo que a la mayoría de los panameños nos pareció el inicio de una nueva era, en la que se haría justicia igual para todos, se ha ido desdibujando y hoy pareciera que es sólo un esfuerzo por dar circo al pueblo y por castigar, a como dé lugar y sin juicio previo, a quienes el gobierno del presidente Varela considera enemigos.

Investigar y procesar en debida forma a todos los sospechosos de haber cometido delitos contra el Estado panameño es imperativo.  La aparente magnitud de los atracos cometidos lo hace inevitable y ya estábamos cansados de que nunca ningún gobierno tuvo la voluntad política para perseguir a los corruptos.  Sin embargo, no importa que tan mala imagen tenga alguien ni cuántos indicios haya de su culpabilidad, todos tienen derecho al debido proceso y a que se respeten sus derechos humanos.

Para ser transparente debo decir que tengo amigos, así como conocidos privados de libertad en esta ola de detenciones que se ha dado últimamente y como abogado les he asistido y me he familiarizado con sus casos y con los de otros detenidos y el común denominador es el mismo, el abuso de la figura de la detención preventiva y el irrespeto a mucha de la normativa penal y procesal.

En algunos casos pareciera que se le imputan cargos a una persona, aun sabiendo que no cometió ese delito, con el único propósito de conseguir que señale a otros, que son a quienes el fiscal realmente quiere sentar en el banquillo. Eso no es legal y por tanto constituiría un vulgar secuestro.

En otros casos da la impresión que hay sospechas de que alguien cometió un delito grave, pero como no se encuentran las pruebas suficientes se le detiene por otras causas menores, buscando aplacar a la opinión pública y hacerlo confesar el delito con mayor pena.

Se están dando incluso graves violaciones a los derechos humanos.  En la DIJ de Ancón hay un pequeño cuarto de reconocimiento en el que no caben más de cuatro personas y al que no entra la luz solar. En ese cuarto no hay baño y los detenidos tiene que orinar todos en una lata y cuando la misma se llena escogen a uno para que vaya al baño y la vacíe. Ahí se come en el piso porque no hay espacio para más y lo peor, los detenidos están encerrados las 24 horas. Sólo salen para bañarse, cuando tienen visita o si necesitan defecar.  En esas condiciones hay personas como el ex ministro Oscar Osorio, quien tiene más de dos meses detenido en ese siniestro lugar.

Lo más grave es que todos estamos en riesgo de sufrir estos abusos, pues basta con una simple acusación, con haber, por ejemplo, recibido o cambiado un cheque, para caer en el hueco, como pareciera le pasó al periodista y abogado Julio Miller.

Y eso lo confirma la escueta respuesta que da siempre la señora procuradora y sus fiscales para justificar todas las detenciones: Que se trata de un delito grave y que admite la detención preventiva.  Bajo esos simples parámetros mañana me acusan de sedición por haber escrito este artículo y me mandan para el cuartito de reconocimiento de la DIJ, pero vale la pena el riesgo porque callar ante las injusticias es igual que cometerlas.

Señor Presidente Juan Carlos Varela esta es la condición de miles de detenidos preventivamente en todo el país, no sólo la de los acusados por supuestos delitos cometidos durante el gobierno pasado y está en sus manos detener el Terror.

Usted nombró a la señora procuradora y si bien no debería tener injerencia en casos particulares, sí tiene la autoridad para exigirle a ella y a sus fiscales que respeten el debido proceso y que sus actuaciones se apeguen estrictamente a la ley.

Ante el clamor de muchos por los abusos que se están cometiendo, usted ha respondido que no puede hacer nada, pues le digo algo que su equipo jamás le dirá pero que yo sí le puedo expresar con mucho respeto y ejerciendo mi función de opositor responsable a su gobierno: Eso de que usted no puede hacer nada al respecto nadie se lo cree.  Los afectados lo responsabilizan de manera directa por todo lo que está pasando, esa es la realidad.  No sé si eso es justo o no, pero es la verdad.

A los afectados no les interesan los buenos deseos o las estampitas religiosas, sino que usted salga públicamente a exigir al Ministerio Público el respeto al Estado de Derecho,  que salga al paso de los crecientes rumores sobre una justicia selectiva. Hágalo por el bien de su gobierno y por el bien del país, pero no con palabras huecas sino con argumentos y acciones.

Lo peor que puede ocurrir en este país es que las violaciones de derechos y el apresuramiento que se tiene por condenar sin juicio previo a ciertas personas, produzcan la nulidad de los casos que hoy tanto se publicitan.

Todos los ciudadanos decentes de este país queremos que los que robaron al Estado o abusaron de su poder temporal paguen por lo que hicieron, pero recuerde señor presidente que la detención preventiva no es una pena, es sólo una medida cautelar excepcional que se debe aplicar como último recurso.  Que se denuncie a todos los que haya que denunciar, que se les investigue y que se le mande a la cárcel si se comprueba su culpabilidad en un juicio justo, pero que no se pretenda adelantar el castigo.  De acuerdo con la ley y debido al principio de la presunción de inocencia, lo normal es que los acusados estén en libertad mientras se da su investigación y juicio y ello en nada impide que luego sean condenados a prisión.

Qué preferimos?, que los culpables se queden presos por unos días  y que luego queden libres por el resto de sus vidas y disfrutando de lo robado debido a tecnisismos o que se respeten sus derechos y sean condenados en juicios justos a años de prisión y a devolver los bienes mal habidos?

Pareciera que los fiscales se encuentran bajo una gran presión política y que eso los está llevando a armar casos muy débiles y del otro lado hay ejércitos de abogados bien pagados y preparados y sin presión alguna para hacer las cosas, quién creemos que va a ganar si continúan estas circunstancias?

Señor presidente Juan Carlos Varela hacer las cosas bien, tomar el camino correcto demora más pero es lo único que traerá paz y cambios reales y duraderos a nuestro país y de paso no olvide lo que nos enseñó un gran sabio mexicano, “la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena”.